El Consejo de Europa, en concreto la comisión de Asuntos Jurídicos, maneja un proyecto de informe sectario, falaz, infame contra España. El ponente del proyecto es Boriss Cilevičs, miembro del Consejo de Europa que fue miembro del Parlamento Europeo, letón y socialista.
Dicho proyecto de informe trata sobre la eventual imputación de políticos por las opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, si bien es utilizado por esa izquierda europea antiespañola para atacar a España y nuestro orden jurídico a propósito de los golpistas separatistas en Cataluña.
Afirma el informe que varios políticos catalanes de alto nivel fueron procesados y condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otras cosas, por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Miente. Miente porque es un mentiroso. Un mentiroso bien pagado. Un mentiroso profesional al servicio de los enemigos de España, que son muchos. Y seculares.
Basta recordar la dependencia directa, denunciada ya, de varios magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –adscrito al Consejo de Europa– al conglomerado de fundaciones, oenegés y chiringuitos globalistas de Soros y su panda.
El informe no se sostiene desde ningún punto de vista, ni jurídico, ni procesal, ni por supuesto político; con la finalidad de confundir al resto de miembros del Consejo de Europa, y por supuesto a la opinión pública internacional.
En España, como bien saben todos los españoles, la expresión de los partidos y políticos separatistas no se ha coartado jamás. Incluso, cuando falsean la historia de España en los libros de texto con los que adoctrinan en el odio; o cuando utilizan medios de comunicación de titularidad pública o subvencionados con fondos públicos que salen del bolsillo de todos los españoles, para injuriar o calumniar a nuestras instituciones, símbolos o representantes.
En España, como bien saben todos los españoles, son los separatistas los que llevan años violentando las libertades individuales –como el derecho a utilizar el español, el derecho a ser educado en la lengua materna o la garantía de la pluralidad de los medios de comunicación–, la libertad política, o incluso la libertad de empresa y de circulación, con sus huelgas políticas ilegales, sus cortes de carreteras y vías de comunicación por ferrocarril. Son los separatistas los que han violentado la objetividad de las instituciones, la libertad de comercio –con las multas lingüísticas o incluso la propiedad privada– en sus violentos raids que periódicamente incendian la calle.
En España, como bien saben todos los españoles, son los separatistas los que incendian y destrozan mobiliario público, apedrean a los afiliados, y simpatizantes de VOX y amedrentan en su voluntad de crear terror, a toda la ciudadanía.
Sólo un imbécil –me permitirá que en el ejercicio de mi mandato ejerza mi libertad– antiespañol, bien remunerado, letón y socialista, puede proponer un informe que falsea los hechos y miente, en perjuicio de España afirmando tonterías como que la sedición exige violencia.
El proyecto de informe invita a España a derogar los delitos de rebelión y sedición y a indultar o excarcelar a los golpistas separatistas. Nada es casual en política. El informe se debatirá el 3 de junio y con toda seguridad el gobierno socialista de Sánchez –curioso que un conmilitón suyo sea el autor del proyecto– aducirá este inaceptable informe para justificar su traición a la Nación, que fue la víctima del golpe separatista.
El proyecto de informe recoge el argumentario que Sánchez y el socialismo antiespañol han expuesto los últimos días: diálogo abierto y constructivo para hacer de España una democracia europea fuerte; indultos, no exigencia de arrepentimiento y colaboración activa con los sediciosos. Con perdón, sólo un imbécil puede proponer esto. Sea letón o forme parte del gobierno español.
La fortaleza de España y de su democracia está, precisamente, en exigir el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, reforzar la protección constitucional, endurecer las penas para los delitos de rebelión y sedición, penalizar la conducta consistente en intentar subvertir el orden constitucional y atacar la integridad territorial de España, exigir el cumplimiento íntegro de las penas, traer a España a Puigdemont y los fugados, recuperar el delito de referéndum ilegal –pues no es sino una violencia al sujeto soberano– y, en fin, imponer el orden social y político en Cataluña, en Vascongadas, Galicia y cualquier lugar de España donde la Nación se vea amenazada.
Los traidores preparan el terreno. Hemos de estar alerta. Para denunciar la traición, pero también su imbecilidad. El sentido común está, como otras veces, de nuestro lado; y también el sentido nacional de las cosas.
Dedico estas líneas a mis hijos, y a los miles de niños y jóvenes que no pudieron ir al colegio aquellos días de octubre de 2017 por la violencia real ejercida por las organizaciones separatistas cortando carreteras, trenes y metros, a los jóvenes de Artós, y a todos los policías y guardias civiles y mozos de escuadra que han sufrido la violencia de la turbamulta separatista con el apoyo incondicional de esa izquierda caviar, urbanita y desvergonzada que, por lo demás, ha traicionado a miles de trabajadores honrados de Cataluña, dejándoles sin empleo y queriéndoles robar la Patria, España.
Y termino con una pregunta: ¿de qué nos sirve a los españoles el Consejo de Europa?
